Año 9 - Número 63

Apropiación de chicos 

En el país de Nomeacuerdo  

Por Eugenia Zicavo 

Solo una apropiadora de hijos de desaparecidos cumple condena a prisión. La mirada condescendiente de la justicia sobre aquellas mujeres que fraguaron una historia para mentir sobre la identidad de centenares de bebés nacidos entre 1975 y 1980.

Uno de los tantos crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina fue la apropiación sistemática de menores, generalmente nacidos durante el cautiverio de sus madres. Actualmente son muchos los casos de apropiadores enjuiciados y condenados. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que han sido condenadas a pesar de que, siguiendo la tradición de la “familia tipo”, ha habido tantos apropiadores como apropiadoras. Las mujeres que durante años se han hecho pasar por madres legítimas de hijos de desaparecidos en general han quedado exoneradas por la justicia y por la mirada social, como si la responsabilidad fuera exclusiva de sus maridos, amparadas en el clásico latiguillo de “yo no sabía”. La historia oficial de las apropiaciones ha sido precisamente la de la película La historia oficial: la mujer que no puede tener hijos y que cuando su marido llega con un bebé en brazos, pregunta poco (ni cómo, ni cuándo, ni de dónde, ni de quién), lo anota como propio, le prepara una mamadera y acepta que crezca diciéndole mamá, sin más. 

Mientras los nietos recuperados hasta el momento suman 103, sólo 11 mujeres fueron condenadas por apropiación de menores durante la dictadura y sólo una se encuentra presa en la actualidad. En buena parte de los casos, las apropiadoras recibieron penas considerablemente menores que sus maridos por los mismos delitos (entre otros, retención y ocultación de menores de 10 años, supresión de identidad, falsedad ideológica de instrumento público, dependiendo de cada caso) y muchas fueron condenadas a 3 años de prisión, que no suelen ser de cumplimiento efectivo: es decir, no fueron a la cárcel. En algunos casos la diferencia entre las condenas se debe a que los apropiadores eran miembros o tenían relación directa con las fuerzas armadas o la policía (cuando no fueron ellos mismos los torturadores y/o asesinos de los padres de los bebés que se robaron) mientras sus mujeres habrían tenido una responsabilidad menor, por no integrar directamente los aparatos represivos. 


Éstos son los casos de mujeres condenadas: Beatriz Castillo, apropiadora de los mellizos Reggiardo Tolosa, fue condenada a 3 años, mientras a su marido, Samuel Miara, ex subcomisario de la Policía Federal, le dieron 9 años más. Teodora Jofre, apropiadora de Guillermo Rodolfo Pérez, fue condenada a 3 años y 1 mes y su ex marido, Francisco Gómez (ex personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea) a 7 años y 6 meses. A Mercedes Moreira, apropiadora de Claudia Poblete, le dieron 5 años y medio de prisión y a su marido Ceferino Landa, ex teniente coronel, 3 años y medio más. Nilda Wehrli, apropiadora de Pablo Casariego Tato, fue condenada a 10 años de prisión, 2 menos que su marido, Norberto Bianco, ex mayor médico del Ejército. Élida Hermann, apropiadora de Bárbara García Recchia, fue condenada a 8 años, una de las penas más altas hasta el momento para una mujer civil acusada de apropiación (en libertad hasta que la Cámara de Casación confirme la condena) y su marido, Luis Ricchiuti (ex miembro de Inteligencia de Campo de Mayo), cumple una condena de 13 años y 6 meses. María Elena Mauriño (apropiadora de María Victoria Moyano Artigas, cuyo apropiador, Víctor Penna, falleció cuando ella era chica) recibió 3 años y 9 meses. Marta Leiro (apropiadora de Carlos D´Elia Casco, hijo de una pareja uruguaya desaparecida en 1977), esposa del fallecido militar Carlos De Luccia, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso. Actualmente, sólo una mujer está presa: María Cristina Gómez Pinto, con una condena de 7 años, mientras a su marido, Osvaldo Rivas, también civil, le dieron un año más. En este caso, la joven apropiada, Eugenia Sampallo Barragán, intervino activamente en la causa contra sus apropiadores. 


Sólo 3 matrimonios recibieron la misma pena para ambos: Raquel Leiro Mendiondo y Rubén Lavalllén, ex comisario de la policía bonaerense (apropiadores de Paula Logares Grinspon), ella como autora (de falsedad ideológica en documento público) y él como partícipe secundario, aunque a los dos les dieron 3 años. Los apropiadores de María José Lavalle Lemos, el matrimonio de Nelson Rubén, ex suboficial de la Brigada de Investigaciones de San Justo y Teresa González, que se desempeñaba en la misma Brigada, pese a su pertenencia a la fuerza y su claro conocimiento del origen de la niña (sabían que había nacido en el campo de detención ilegal llamado “Pozo de Bánfield”) fueron condenados a 3 años. Los únicos indultados –por Menem- que habían sido condenados a 7 años, fueron Adriana González y Miguel Furci, apropiadores de Mariana Zaffaroni Islas. Ella está en libertad y Furci se encuentra detenido acusado en otras causas de cometer delitos de lesa humanidad. 


Hijos de los hombres 

En el listado público de condenados por delitos de lesa humanidad entre 1985 y 2011, un dato resulta elocuente: las apropiadoras aparecen como “esposa de...” o “mujer de...”, aunque hayan sido condenadas por los mismos delitos que sus parejas. Se trata de una visión sexista de la justicia: las mujeres son presentadas en relación a sus maridos no sólo en los casos en que éstos pertenecían a las fuerzas armadas o policiales (cuya responsabilidad en la apropiación podría ser considerada mayor) sino incluso cuando se trata de civiles. 


A su vez, la omisión de las apropiadoras en la cobertura noticiosa de las condenas a apropiadores de hijos de desaparecidos, es sumamente llamativa. En relación a la sustracción de menores, las mujeres quedan por fuera del discurso, invisibilizadas. Esto puede deberse a que en general no han tenido participación activa dentro de las fuerzas represivas pero también a un tratamiento diferencial hacia las mujeres por parte de la justicia y la prensa, como si la asunción del rol de “madres”, muchas veces dedicadas y amorosas con los niños que apropiaron e incluso protectoras ante la violencia que podían ejercer sus maridos, las exonerara de responsabilidad. Las apropiadoras generalmente se amparan en que desconocían la proveniencia de los niños y que tampoco sabían en su momento que existiera un plan sistemático de sustracción de menores. Puede que algunas hayan actuado de buena fe, creyendo que se trataba de bebés abandonados. Pero ya en tiempos de democracia, con la difusión de los crímenes del terrorismo de estado, el juicio a las juntas, las declaraciones de los detenidos sobrevivientes de los centros de detención y tortura, resulta difícil creer que no hayan dudado al menos del origen de aquellos a los que llamaban “sus hijos”, sobre todo si sus parejas eran militares o tenían algún vínculo con la fuerza.


Actualmente está en la justicia el caso de Susana Colombo, acusada de la apropiación de Francisco Madariaga Quintela (el nieto 101 recuperado por Abuelas, que actualmente se reencontró con su verdadero padre, Abel Madariaga), cuyo ex marido, el oficial de Inteligencia del Ejército Víctor Gallo, está detenido. En Tribunales declaró que temía ser asesinada por Gallo, aunque no pudo aclarar por qué no le reveló su origen a Francisco, por ejemplo, durante todos los años que él estuvo preso. Según declaró, Gallo le dijo que en el Hospital Militar de Campo de Mayo habían abandonado a una criatura y ella crió a ese bebé sin haber visto nunca su partida de nacimiento. En 2010, ante la insistencia de Francisco, Colombo le reveló que no era su hijo biológico y lo acompañó a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Tardó más de treinta años en decirle que no era su verdadera madre. 


Identidad indebida

Rodolfo Yanzón, reconocido abogado en causas de derechos humanos, cuenta el criterio clasista que regía durante los incipientes años de democracia, cuando se empezaron a recuperar los primeros nietos: “Recuerdo que muchas veces la respuesta judicial a los familiares de los desaparecidos eran que los chicos estaban bien, que iban a clases de inglés y francés, que estaban contenidos, con equitación y escuelas privadas. La ley no amparaba esta actitud judicial pero cuando los jueces se encontraban informalmente con las abuelas, les decían que trataran de conseguir visitas, el discurso era justificar la apropiación porque en general los habían sacado de hogares humildes y ahora estaban con familias con disponibilidad económica. Los jueces también tuvieron un razonamiento de clase. Salvo excepciones, hubo escasa o nula decisión de investigar los casos en un proceso penal contra los apropiadores”. Con el paso de los años ha habido una mayor concientización por parte de la sociedad (y de los jueces) respecto a lo que significó la apropiación sistemática de menores y en general el monto de las condenas durante los 80 y 90 fueron considerablemente menores a las de los últimos años. 


Actualmente muchos de los hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad siguen en contacto con sus apropiadores y no quieren accionar legalmente contra ellos. Conocer la verdad no siempre ha disuelto el vínculo afectivo y en general las apropiadoras son las que, tanto a nivel simbólico como legal, han salido más indemnes (tanto a los ojos de la justicia como de los jóvenes a quienes criaron). En esos casos, las abuelas intentan respetar a los jóvenes restituidos que no quieren perseguirlas penalmente. No es que pidan el sobreseimiento o que se cierre la causa -además se trata de crímenes de lesa humanidad en los que interviene el estado- pero como querellantes sí pueden dejar pasar algunas instancias, porque el objetivo fundamental, además de que los jóvenes recuperen su identidad, es poder lograr un vínculo con ellos. 


Actualmente Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando a cientos de hijos de desaparecidos que fueron apropiados, reclamando verdad y justicia. En Argentina, toda una generación vive con el fantasma de su identidad. Los que nacieron entre 1975 y 1980, al menos, alguna vez se interrogaron al respecto: algunos fueron inscriptos como hijos legítimos pero sospechan no serlo, otros saben que son adoptados y temen que sus verdaderos padres sean desaparecidos. Hay quienes se acercaron a Abuelas porque ellos mismos fueron padres y esa experiencia les reactualizó la duda y las ganas de saber. Y también los que no se animan a averiguar porque recuperar la verdadera identidad implica hacer un duelo por esa otra identidad que se pierde, o por miedo a perjudicar a quienes los criaron, de los que se sienten hijos y a quienes quieren como tales. 


Y también están los que sí saben, los apropiadores y apropiadoras aún no descubiertos, los testigos silentes, los cómplices. Los que de chicos les contaron la historia de un embarazo que jamás presenciaron, los que siguen llegando con un regalo de cumpleaños en una fecha fraguada, símbolo calendario del verdadero invento: la identidad usurpada. 

No son pocos. 

 
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